La Defensoría del Pueblo del Perú ha publicado hace unos días un informe que revela el estado de las actas y los acuerdos que se suscriben entre organizaciones sociales, entidades estatales y empresas para poner fin a conflictos sociales. Preocupa, especialmente, el alto porcentaje de incumplimiento, las limitaciones para seguirle la huella al acta dentro de la administración pública, y la falta de una instancia que se haga cargo de gestionar el cumplimiento de los acuerdos. La investigación se basa principalmente en el análisis de una muestra de 4258 acuerdos contenidos en 774 actas de 29 procesos de diálogo desarrollados en diversas regiones del Perú.  

     Esta historia viene de muy atrás, prácticamente desde que la Defensoría del Pueblo inició su trabajo en este campo, en el año 2004. Señal de que no estamos ante el descuido de este o aquel gobierno sino de un problema de regulación y organización del Estado en general; y de valoración de lo que está en juego en un proceso de diálogo. La advertencia sobre el costo de no cumplir se hizo a cada administración y en diversos tonos sin que la realidad cambiará sustancialmente. Esa realidad, por el contrario, confirmaba que cada incumplimiento deterioraba la legitimidad de las instituciones de la democracia, desvalorizaba el diálogo como mecanismo de resolución de conflictos sociales, postergaba los beneficios que las poblaciones podrían recibir, y le abría la puerta al regreso del conflicto, recargado de decepción y enojo. Pese a ello se ha persistido en el incumplimiento.

    No es fácil explicar las razones de una conducta así. Son cientos de horas invertidas en compartir información, explicar cada problema de la agenda, escuchar todas las argumentaciones, componer salidas que satisfagan en algo los intereses puestos sobre la mesa. En un país en el que la tradición autoritaria ha sido la regla, y en el que por primera vez en toda su historia republicana ha logrado veinte años de continuidad democrática, no valorar el diálogo es claramente un contrasentido. Un tipo de diálogo, además, que se ha ganado un lugar en la toma de decisiones, sea por necesidad o por convicción. Y no se lo ha ganado para reemplazar a los procedimientos regulares sino para auxiliarlos cuando muestren el forro de sus debilidades y carencias. 

“Empeñar la palabra”, sin embargo, es una expresión que halla pleno sentido en el mundo de las relaciones interpersonales. Se presumía en el “incumplido” ciertos valores que lo hacían digno de confianza, pero no fue capaz de mantener en pie lo que con tanta determinación sostuvo en su momento. Decepcionó. Desdibujado frente a los demás, su palabra valdrá menos que un cobre. Claro, mucho dependerá de los parámetros éticos de la sociedad en que se mueve. Pueden asumirlo como un agravio o como una eventualidad de la conducta humana que sería ingenuo descartar. 

   No pasa lo mismo en el terreno de los asuntos públicos, y menos cuando el Estado es actor protagónico. Hay principios de la democracia y deberes de la función pública que no pueden ignorarse. El poder está sujeto a control y para ello las instituciones han sido dotadas de competencias que les permiten exigirse mutuamente transparencia y rendición de cuentas. Una capacidad que se extiende a la propia sociedad que, vía los procesos electorales o los mecanismos de participación ciudadana, puede demandar cambios, o pedir explicaciones a las autoridades públicas. No estamos ante las promesas que los candidatos esparcen en las plazas públicas, ni siquiera ante mensajes oficiales, ambos vistos con malicia y precaución por los ciudadanos; estamos ante procesos de diálogo constituidos en condiciones siempre difíciles, cuya subsistencia depende generalmente de un hilo, que tienen que vérselas con una mezcla de viejos males pre republicanos y coyunturas de alta tensión, de desigualdades profundas, creencias diversas, y una promesa democrática que tarda en hacerse realidad para todos. 

    En estas largas jornadas los funcionarios públicos, en uso de sus competencias legales, reconocen los espacios de diálogo como instancias válidas para tratar demandas sociales (en algunos casos hasta los crean mediante resoluciones); admiten a los demás actores como representativos de sus organizaciones sociales o empresas; manifiestan su conformidad con los puntos de la agenda, e interactúan hasta llegar a acuerdos, firmar las actas correspondientes y se comprometen a implementarlos, dentro de los procesos de gestión pública en los que se desempeñan. 

No parece haber duda sobre que el acta es un documento que contiene la voluntad política del Estado. Lo que no está claro es por qué cada acuerdo no tiene enseguida un lugar en los planes operativos, matrices de cumplimiento, presupuestos, actividades, tareas, etc. que obligan a los agentes estatales a mover la maquinaria que traduzca las palabras en hechos. Sucede que no existe un procedimiento que haga trazable los acuerdos, que convierta lo político en administrativo y, por ende, en exigible legalmente por el ciudadano. 

¿Y qué papel juega en esto el ombudsman? Bueno, hace diecisiete años la Defensoría del Pueblo del Perú inició su recorrido en este tema. Era una necesidad. No había ninguna entidad estatal que hiciera prevención y gestión de conflictos sociales y ya veíamos venir la marea de casos. Tampoco a nivel de las defensorías del pueblo de Iberoamérica había ninguna experiencia al respecto. Le tocó construir su propio marco conceptual acorde al mandato constitucional, diseñar sus propias herramientas, entre ellas el sistema de monitoreo y alerta temprana, y ganarse la confianza de comunidades, pueblos indígenas, federaciones de estudiantes, frentes de defensa, sindicatos etc. No ha sido una tarea sencilla, pero sí indispensable para la defensa estratégica de derechos fundamentales.  

Esto, una vez más, obliga a la Defensoría del Pueblo a asumir una nueva responsabilidad en este campo: hacerse cargo de la gestión del cumplimiento de los acuerdos. Sus procedimientos son flexibles, tiene a la persuasión como instrumento básico, cuenta con una larga experiencia en la materia, cumple su trabajo a través de 38 oficinas que garantizan una presencia nacional; pero, sobre todo, tiene el mandato constitucional de supervisar el cumplimiento de los deberes de función de la administración estatal, y los acuerdos suscritos en actas son parte de esos deberes. 

 

 
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