La jueza Laura Taylor Swain accedió a una solicitud presentada hoy por el equipo de mediación designado por la corte en los trabajos del proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) bajo el Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa) para extender el periodo concedido a la Junta de Control Fiscal (JCF) para que entregue el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) preliminar de la corporación pública.

El ente federal ahora tendrá hasta el 8 de diciembre para presentar el documento.

La solicitud formó parte de una declaración del equipo compuesto por los jueces de quiebras Robert Drain y Brendan L. Shannon, y la jueza Shelley C. Chapman en la que señalaron que la Junta fiscal todavía se encuentra en el proceso de proveer información básica y análisis relevantes a las negociaciones.

“El equipo de mediación solicita a la corte extender la fecha límite del 1 de diciembre para que la Junta fiscal presente el plan de ajuste por una semana”, reza el reporte presentado ante la jueza Swain.

Sin embargo, dicha extensión estará sujeta a que tanto la JCF como el grupo Adhoc de bonistas de la AEE y las compañías de seguros de bonos monolínea cumplan con una serie de requisitos ya acordados entre las partes como la entrega de información utilizada por la Junta para definir sus posturas en la negociación.

La entrega de dicha información deberá realizarse a no más tardar mañana, viernes, 2 de diciembre.

De igual manera, la JCF deberá poner sus expertos a disposición de estas partes para que puedan contestar cualquier duda que surja durante la evaluación del contenido, al tiempo que el ente federal deberá negociar “de buena fe” durante este periodo de extensión.

Entretanto, el equipo de mediación destacó que la vista ómnibus pautada para el 14 de diciembre debe mantenerse en el calendario.

“Dada la importancia de la fecha límite establecida por la Corte, el equipo de mediación hace este pedido a regañadientes, pero entiende que la alternativa de presentar un plan el 1 de diciembre, dentro del presente contexto, sería menos conductivo a un resultado mediante negociación del caso”, subrayó el equipo.

En la pasada vista ómnibus, la jueza Swain advirtió que el PAD debería ser “algo que la Junta crea en buena fe que deba ayudarnos a movernos a la aprobación de un acuerdo. Esperaba mediación y reuniones como parte de la creación del plan”.

La Ley Promesa requiere que la junta fiscal cuente con el consentimiento de, al menos, una de las clases de acreedores para poder confirmar el PAD. Este requisito tomó gran importancia en las pasadas semanas luego que se reveló que el suplidor petrolero Vitol, un acreedor general no asegurado, obtuvo una clasificación separada tras acordar reducir el total de su reclamo.

Cabe destacar que una de las condiciones del acuerdo estipula que Vitol no podrá oponerse a la confirmación del plan de la AEE.

Fuente: https://www.elvocero.com/