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España: Destacado ahorro de dinero en conflictos laborales que no llegan a los juzgados

El Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje tramitó 8.727 expedientes el año pasado, la mayor parte de ellos individuales, unos 350 más que en 2021. Las arcas públicas se ahorran unos 3 mil euros por cada conflicto que no termina en los juzgados.

Mediación 27/02/2023 Equipo Red Americana de Mediadores
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Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje.

Los conflictos laborales que atañen a 91.534 trabajadores en Aragón pasaron por las manos del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) durante 2022.

El órgano conciliador, creado hace 27 años por los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE Aragón y Cepyme y financiado por el Gobierno de Aragón tramitó 8.727 expedientes para mediar en conflictos colectivos e individuales que evitaron huelgas, bloqueos de la negociación colectiva y litigios por despidos individuales, entre otros asuntos. La cifra supone un ligero repunte respecto al curso anterior, lo que evidencia las tensiones generadas por la inflación y la mayor conflictividad laboral.

Esta institución nació con el espíritu de reducir a la mínima expresión la judicialización de los conflictos laborales, que hoy cuestan «unos 3.000 euros» cada uno a las arcas públicas. El organismo centra la mayor parte de su actividad en los conflictos individuales, es decir, los que tienen una relación directa entre el trabajador y la empresa, como los despidos o las sanciones. El año pasado se presentaron 8.577 expedientes para resolver estas cuestiones, lo que supone un incremento de 385 casos respecto a la cifra de 2021. De hecho, se registró el máximo número de despidos de la historia de la institución con 6.583, superando el año 2013, cuando entró en vigor la reforma laboral del PP que facilitaba precisamente los despidos. A este respecto, la mediación del órgano fructificó en el 70% de los casos en 2022.

Sin embargo, los conflictos colectivos afectan a un contingente mucho mayor de trabajadores. El servicio medió en 150 conflictos, de los 61 llegaron al SAMA tras un preaviso de huelga. En el caso de los conflictos que iban a desembocar en paros se alcanzaron acuerdos que ponían fin a las huelgas en un 72% de los casos. Así, yendo a lo concreto, en las delegaciones del SAMA repartidas por las tres provincias se han firmado los convenios colectivos del transporte de mercancías o el de la limpieza de edificios y locales públicos, por citar algunos. En ambos conflictos se daba por hecho que la sangre iba a llegar al río, pero se solucionaron en las mesas de este órgano, se alcanzaron acuerdos sobre la bocina que evitaron los paros, que hubiesen puesto en jaque la normalidad del funcionamiento de dos sectores clave.

El SAMA se ha erigido de este modo en un actor principal en la negociación colectiva de Aragón, convirtiéndose en un artefacto imprescindible para preservar la tan mencionada paz social que los sindicatos, las patronales y los distintos gobiernos autonómicos dicen defender.

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El trabajador, en el centro

Pero los acuerdos laborales, más allá de las negociaciones y las guerras por los relatos, tienen un protagonista: el trabajador. Y de los más de 91.000 asalariados cuyas condiciones salariales y laborales se negociaron en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje en 2022, más de un tercio pertenecían al sector del transporte, el que mayor conflictividad laboral registró el año pasado con los paros patronales y la huelga de los transportistas que se desconvocó en noviembre. Además, el SAMA intervino en la negociación de los acuerdos que afectaban a casi 20.000 empleados del sector servicios y hostelería, a 11.162 del metal y a 10.314 del sector de la limpieza.

El SAMA cuenta con tres sedes territoriales, una por cada provincia, y con 27 años a sus espaldas es una de las instituciones de referencia para el resto de autonomías. Cuenta su directora gerente, Concha Gil, que el modelo nació de la experiencia estadounidense, donde se dieron cuenta de que la mediación podía evitar buena parte de la judicialización de los conflictos laborales, pues al pasar a manos de la Justicia la solución al problema se retrasaba sine die. De hecho, según reconoce la propia directora del SAMA, hoy en día por cada conflicto que no termina en la Justicia las arcas públicas se ahorran «unos 3.000 euros» por caso. 

Fuente: https://www.elperiodicodearagon.com/

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